Por qué suben los precios y en forma generalizada, y más aún en el caso de los alimentos

En la Argentina, están fuertemente concentrados los grandes productores y comercializadores de granos, con todos sus derivados: harinas, aceites, biocombustibles, y también lo está el comercio internacional de la carne vacuna.

Existe una relación directa y proporcional entre la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la suba de los precios internos de los alimentos principalmente y de la energía en segundo lugar.

Hemos visto que en el último registro de la suba de los precios de los bienes y servicios del INDEC, correspondiente a febrero de 2022, si bien la inflación general fue de 4,7%, el incremento en el precio de los alimentos fue de 7,5% y en la provincia de Buenos Aires, dicho incremento fue incluso mayor, de 8,6%. Marzo se supone que va a ser un mes igual o peor.

¿Por qué suben los precios y en forma generalizada, y más aún en el caso de los alimentos? Porque están fuertemente concentrados los grandes productores y comercializadores de granos, con todos sus derivados: harinas, aceites, biocombustibles, y también lo está el comercio internacional de la carne vacuna. Está concentrada, además, la distribución de la electricidad o del gas, el precio de los combustibles, del acero, del cemento, del aluminio, etcétera.

En el tema central de los granos y sus derivados, solamente nueve empresas, cinco norteamericanas: ADM, Bunge, Cargill, Glencore y Louis Dreyfus; una china, Cofco -que compró Nidera y Noble, y se convirtió en un importantísimo acopiador y comercializador de granos en la Argentina actual-; y tres, teóricamente, nacionales: Aceitera General Deheza, ACA -que es la Asociación de Cooperativas Argentinas, que son 25 cooperativas ricas- y la división agro de Pérez Companc: Molinos Río de la Plata en el mercado interno y Molinos Agro para la exportación. Estas nueve empresas el año pasado representaron el 80% de las exportaciones de granos y derivados en Argentina.

A su vez, en el tema de la carne existe un consorcio llamado ABC, compuesto por 16 frigoríficos que son los que realizan el 66% de las exportaciones de carne y el 100% de la cuota Hilton. Esto es: existen más de 200 mil productores, más de 6.000 frigoríficos, pero solo 16 son los que representan en Argentina el 66% de las exportaciones de carne vacuna y el 100% de la cuota Hilton.

En ese consorcio ABC que los agrupa están dos firmas brasileñas: Margrif y Quick. Está FRIAR, que era de Vicentin y que ya no sabemos ni de quién es. Está La Anónima, de los Braun. Está Coto; está Frigorífico Rioplatense. 16 frigoríficos que ya fueron acusados en su momento, durante la gestión de Paula Español, por vender carne de vaca e incluso carne que -supuestamente- no era apta para consumo humano, pero era carne para exportación. La vendían a Uruguay a un precio menor y Uruguay vendía al precio internacional.

Esta confabulación entre grandes acopiadores y comercializadores de granos y derivados y el consorcio ABC de carnes tiene representación en la Bolsa de Cereales de Rosario.

Dicha bolsa de cereales conforma un trípode para exportar e importar todo por el Río Paraná, en el que está privatizada su explotación (dragado y balizamiento) a través de Hidrovía SA, sociedad conformada por la empresa belga Jan de Nul y la privada local EMEPA SA.

El trípode es: explotación del comercio por el Río Paraná y el control de los puertos de Rosario y de Montevideo. Porque las empresas acopiadoras y comercializadoras de granos y de carne tienen filiales en Montevideo, puerto que también está concesionado hasta 2081 a una empresa belga (Katoen Natie).

Ellos se oponen a la construcción del canal de Magdalena porque sería una salida fuera de Montevideo, por puertos propios de aguas profundas como tenemos en el sur de la provincia de Buenos Aires, y se le acabaría todo este negocio de tener que pasar sí o sí por Montevideo o por Rosario.

Entonces, tenemos un precio exorbitante de nuestros productos, de todo lo que sea granos y de todos sus derivados. ¿Cómo puede ser posible que en la Argentina habiendo tenido récord de producción de trigo, 22 millones de toneladas el año pasado, se autorizó a exportar 14 millones de toneladas? Quedarían 8 para el mercado interno, el consumo interno representa entre 600 mil y 650 mil toneladas de trigo por mes. O sea, que estaremos hablando a lo sumo de 7 millones y medio de toneladas. Sobraría trigo. Sin embargo, no le venden la bolsa de harina a los panaderos en todo el país, sino se le paga una suma mucho mayor que lo estipulado en acuerdo con la Secretaría de Comercio Interior de la Nación.

Antes de comenzar la guerra de Ucrania y Rusia, la bolsa de 25 kilos de harina salía $1.300. En la semana del 14 al 18 de marzo de 2022 a ningún panadero de la Ciudad o en el Gran Buenos Aires le bajan del camión la bolsa de harina para pan a menos de $2.200. En Córdoba el precio rondaba los $3.000.

Las tierras son argentinas, los trabajadores argentinos, la lluvia, el arroyo, todo es argentino. Se produce todo acá, sube el precio internacional y nos hacen subir el precio de sus derivados acá. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué tenemos que pagar precios internacionales cuando tenemos costos nacionales?

Porque el objetivo del Gobierno y del FMI es dolarizar todo lo que se pueda. Esto es: aumentar las exportaciones a como dé lugar, sin ningún tipo de razonamiento. Aumentar los saldos exportables. Primero exportar y después vender al mercado interno. Y solamente se vende al mercado interno, sí o sí, al mismo precio que al mercado internacional.

Ello explica también el aumento del precio de los combustibles no bien enterados del conflicto Ucrania–Rusia a la par que se
incrementaba el precio internacional del barril. Y lo volvieron a aumentar al precio de los combustibles el lunes 14 de marzo pasado. En tres semanas, el precio de la nafta y del gasoil en el mercado local se acrecentó en un 20%.

Dos empresas, YPF SA y Pan American Energía, tienen el 70% de la extracción de petróleo en la Argentina actual. En YPF, si bien el 51% del paquete accionario es del Estado nacional, con el 6,06% de participación que tiene Black Rock (que es el fondo de inversión que posee mayor cantidad y valor de títulos de deuda Argentina, se estima una tenencia de más de 2.000 millones de dólares) y un 20% más de un pool de capitales privados, tienen ellos más decisión en el directorio de YPF SA que Pablo González, que es su presidente.

Lo que no dicen es que nuestro salario y las jubilaciones y pensiones no se internacionalizan. Es más, se ajustan a pautas mucho menores que la inflación. Y la inflación refleja esto que estamos contando. Por ejemplo, en este primer trimestre, el Gobierno avaló que el aumento a los jubilados sea un poco más del 12% y la inflación general acumulada hasta febrero está un 8%, pero en alimentos es mucho más, va a ser alrededor del 18 o 20% y el nivel general de precios va a ser del 14 o 15% en el trimestre.

Por lo tanto, hay un deterioro muy fuerte del poder adquisitivo de la población que se hace vía inflación y eso se explica porque los grandes acopiadores y comercializadores de granos y los frigoríficos exportadores agrupados en el consorcio ABC dolarizan y prefieren vender afuera porque cobran mucho más de lo que pueden vender al mercado interno.

Un Gobierno débil y dependiente

Exigido por el FMI y por el resto de los acreedores para pagar una deuda externa acrecentada en más de 100.000 millones de dólares en la gestión de Cambiemos, El Gobierno depende del ingreso de divisas para pagarla. Dependencia que es grave cuando el 65% de las exportaciones efectuadas en 2021 fueron realizadas por las mismas empresas extractivistas y agropecuarias nombradas.

Entonces, ante el exorbitante aumento del precio de trigo a nivel internacional (por encima de los 400 dólares la tonelada), el Gobierno decidió crear un fideicomiso, que se conforma con el 2% de aumento en los derechos de exportación de la harina de soja y del aceite de soja. La cantidad estimada permitirá subsidiar hasta 3,8 millones de toneladas de trigo para vender al mercado interno a $ 25.000 la tonelada, en lugar de los $ 40.000 que están solicitando los grandes molinos harineros.

Las empresas que exportan soja y sus derivados y trigo y sus derivados son básicamente las mismas nueve empresas referidas, por ende, ellos saben que no pueden asfixiar a la población con más aumento y de esa manera el precio del kilo de pan rondaría en las panadería nuevamente entre los $ 220 a $ 260.

En segundo lugar, el trigo ya estaba destinado al mercado interno, forma parte de los 8 millones de toneladas que se venden en el país, se trata de esta manera que no aumente su precio por encima de lo acordado.

En tercer lugar deben acordar realizar un fondo con el 2% de incremento de los derechos de exportación (retenciones), porque no pueden subir más del 3% esos derechos por la Ley 27.541 de Emergencia Económica de Alberto Fernández, la que establece que no se puede subir las retenciones más de 3%; de esa manera, el trigo, el arroz, la avena, el girasol, el maíz, etcétera, tienen una tasa del 12% y lo máximo que puede llegar a ser es el 15%.

En cuarto término, para modificar la ley se necesita del voto del frente Juntos por el Cambio y dijeron claramente que se oponen y que si se incrementaba la tasa del derecho de exportación no le votaban a favor el acuerdo con el FMI.

Quinto y último lugar, el «campo», como le gusta llamarse a la Mesa de Enlace, que agrupa a las cuatro entidades patronales (SRA, CRA, FAA, CONINAGRO), ya advirtió con lanzar un paro de su sector porque el Gobierno aumenta las retenciones.

Mientras tanto, al presidente Fernández no le tiembla el pulso para acordar con el FMI un plan de gobierno que libera el precio del dólar oficial para que se iguale a la inflación y de esa manera deteriora el poder adquisitivo del salario, de las jubilaciones y pensiones.

Es más, su Gobierno firmó en el memorando de entendimiento que el gasto previsional no puede superar el 43% del presupuesto nacional (como fue en 2021, cuando más del 50% de los 7.100.000 jubilados y pensionados nacionales percibieron el haber mínimo o en torno al haber mínimo), con lo que condena a los supuestos beneficiarios a percibir un ingreso igual que en la actualidad o menor (por la tasa de incorporación al sistema que es mayor que la tasa de baja que se produce por deceso) hasta 2034, que es el plazo final del acuerdo con el FMI.

Sin embargo, titubea y se amedrenta ante la amenaza de que el «campo» le haga un paro patronal y/o los exportadores no liquiden las ventas que realizan al mundo al dólar oficial. Un Gobierno débil y subordinado al FMI, y ésa es la razón por la que perdió más de 4 millones de votos en 2021 con respecto a su elección en 2019.

Fuente: NA