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Días atrás, el país trasandino publicó su carta náutica con la actualización de sus fronteras marítimas, apropiándose de 200 millas de aguas australes que la Argentina reivindica como propias.
El diferendo entre la Argentina y Chile se prolonga desde hace más de un siglo por la demarcación de los límites marítimos al sur del Estrecho de Magallanes, y se reactivó esta semana luego de que el Gobierno trasandino publicara una actualización de sus fronteras marítimas, apropiándose de 200 millas de aguas australes que nuestro país se adjudica como propias .
El conflicto entre ambos países tuvo un capítulo de extrema tensión a fines de los 70 y principios de los 80, cuando la Junta Militar argentina amenazó en varias oportunidades con un inminente traslado de tropas a las islas en disputa para iniciar una guerra de imprevisibles consecuencias.
Se conoce históricamente a este proceso como el «conflicto del Beagle», y la sangre no llegó al río gracias a la mediación del papa Juan Pablo II, por la cual Argentina y Chile firmaron un Tratado de Paz y Amistad en 1984 que venía a poner una aparente solución a las controversias. Se llegó a ese desenlace luego de un largo proceso de intentos infructuosos de conciliación a través de mediaciones que no lograban sofocar las amenazas de un conflicto bélico.
En 1971, los gobiernos de los dos países consensuaron el arbitraje de la corona británica para dirimir el Conflicto del Beagle, pero en 1977 el Gobierno militar de Jorge Rafael Videla rechazó unilateralmente ese laudo, poniendo en pie de guerra a ambas naciones.
Dicha decisión estuvo motivada no solamente por el chauvinismo imperante en el gobierno de facto sino también por la propia interna del partido militar, a partir del temor de la facción gobernante a ser reemplazada por otra facción si realizaba concesiones «humillantes» a Chile.
Ese contexto cambiaría radicalmente con la recuperación de la democracia y la decisión del ex presidente radical Raúl Alfonsín de pacificar las relaciones internaciones a fin de reinsertar al país en el concierto de naciones del mundo. Pero en 1977, el llamado «Proceso de Reorganización Nacional» observaba los acontecimientos con una lógica diferente y se preparaba para el ataque militar al país vecino.
La zona de controversia estaba delimitada por un polígono, pero tras rechazar el laudo arbitral británico de 1977, Argentina extendió el conflicto a todas las islas al sur del Canal de Beagle y al este del meridiano del Cabo de Hornos.
En este marco, bajo el nombre «Operación Soberanía», el Gobierno de facto planificó la ocupación militar de islas que el laudo arbitral británico le había otorgado a Chile (y que estaban bajo control chileno), e incluso se contemplaba la posibilidad de realizar una invasión de tropas al territorio continental chileno y la situación escalaba.
La operación estaba prevista para el 22 de diciembre de 1978 a las 4:00, pero horas antes de dar la orden de ataque, el Sumo Pontífice se comunicó con ambos gobiernos para ofrecer la mediación papal, lo cual fue aceptado y la misión abortada.
Juan Pablo II designó al cardenal Antonio Samoré como enviado para encauzar las negociaciones, comprometiendo a las partes a dejar de lado las amenazas de uso de las fuerza a través del Acta de Montevideo, que se firmó el 8 de enero de 1979.
Sin embargo, ese compromiso evitó la guerra pero no logró templar del todo los ánimos de confrontación: en 1981 el Ejército Argentino detuvo a una supuesta red chilena de espionaje, y dicha acción tuvo su réplica en Chile con la detención de dos agentes de inteligencia argentinos.
En este contexto, el 28 de abril de 1981 el general Leopoldo Galtieri, en su condición de comandante en jefe del ejército argentino, cerró de norte a sur la frontera con Chile, sin consultar al entonces presidente de facto Roberto Viola ni consensuar la medida con el resto de las fuerzas armadas.
A su vez, el 19 de febrero de 1982, poco tiempo antes del estallido de la Guerra de Malvinas, un remolcador argentino ancló por tres días en la Isla Deceit, violando el Acta de Montevideo que exigía abstenerse de realizar actos que pudiesen enturbiar la armonía entre los dos países.
Tras el fallecimiento de Samorè en de febrero de 1983, quien tomó las riendas de la mediación papal fue el cardenal Agostino Cassaroli, secretario de Estado del Vaticano, a quien le tocó un contexto más favorable para las negociaciones ya que el recién asumido Gobierno de Alfonsín estaba mejor predispuesto a poner fin a las controversias por los territorios marítimos al sur de Tierra del Fuego.
El 11 de junio de 1984 Cassaroli les hizo llegar a los gobiernos argentino y chileno lo que presentó como «la última» propuesta papal de la mediación, la cual fue aceptada. Alfonsín plebiscitó la decisión y luego impulsó la firma en Roma del Tratado de Paz y Amistad entre Argentina y Chile, hecho ocurrido el 29 de noviembre de 1984. El tratado incluye no sólo la demarcación marítima sino que fija los derechos de navegación y reafirma también los derechos de ambos países en la Antártida.
El año pasado, el Congreso de la Nación aprobó una ley para demarcar el límite exterior de la plataforma continental argentina tomando como base las recomendaciones de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de las Naciones Unidas, incluyendo dentro del trazado las 200 millas que el Gobierno de Chile se adjudicó como propias con la actualización de su carta náutica.
Fuente: NA
