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El presidente brasileño busca enfrentar al Supremo Tribunal Federal con «1 ó 2 millones de personas en las calles» para que el poder moderador de la República «sea el pueblo y no un par de jueces». Se presume que las protestas tendrán su mayor magnitud en Brasilia y San Pablo.
Brasil se encaminaba hacia un posible precipicio institucional previsto para este martes, calificado como «ruptura» y «ultimátum» por el presidente Jair Bolsonaro, quien convocó para el Día de la Independencia a manifestaciones en todo el país contra el Supremo Tribunal Federal, al que acusa de violar la Constitución tras abrir procesos contra él y sus aliados por buscar intervenir militarmente la alta corte.
Ante las denuncias de golpismo de la oposición o de una invasión al Supremo Tribunal Federal en Brasilia al estilo del movimiento ultraderechista Qanon, los seguidores de Donald Trump al Congreso de Estados Unidos, Bolsonaro busca enfrentar a la corte con «1 ó 2 millones de personas en las calles» para que el poder moderador de la República «sea el pueblo y no un par de jueces».
Es la primera gran demostración con amenazas de quiebre a algún sistema institucional desde que Brasil recuperó la democracia en 1985, tras 21 años de dictadura militar (1964-1985), régimen de facto reivindicado por el jefe del Estado y los militares que lo asesoran en el gabinete.
El gobierno de Estados Unidos pidió a sus ciudadanos alejarse de las manifestaciones por temor a hechos de violencia. El Gobierno de Brasilia aumentó la seguridad en torno a la embajada de China, país que es considerado un enemigo comunista de parte del bolsonarismo, alineado a las ideas del Steve Bannon, el exasesor de Trump y de gurú de la extrema derecha mundial.
Las protestas tendrán el mayor operativo de seguridad conocido en San Pablo y Brasilia, sobre todo porque los gobernadores han lanzado un alerta sobre posibles motines de las policías provinciales a favor de Bolsonaro: habrá controles de armas en los acceso a los lugares de las manifestaciones.
Empresarios bolsonaristas que lo respaldan desde 2018, ruralistas sojeros, de la minería en la selva amazónica, pastores evangelistas y entidades policiales son las que organizaron las caravanas desde 10 estados del país para llegar a las manifestaciones.
Las principales están convocadas a la mañana en Brasilia y a la tarde en la Avenida Paulista de San Pablo, el escenario donde en 2015 nació el bolsonarismo, al calor de la derecha liberal y conservadora que llenaron las calles para pedir el impeachment de Dilma Rousseff, con el apoyo logístico de la principal patronal del país, la Federación de Industrias del estado de San Pablo.
Más de 200 caravanas de 10 estados contratadas por empresarios ruralistas viajan hacia Brasilia y San Pablo al precio de 250 reales el asiento, según divulgado en los avisos de las redes bolsonaristas en Telegram.
Bolsonaro publicó un video en las redes en el que dijo que esto funcionará como un «ultimátum del pueblo» contra los jueces supremos Alexandre de Moraes y Luis Barroso, este último titular de la justicia electoral también.
Moraes investiga desde 2019 a bolsonaristas por usar dinero público y financiación privada para sitios que impulsan un golpe miliar, como la intervención del Ejército en el Supremo Tribunal Federal.
El clima de alta tensión incluye el avance de la inflación, del precio de la canasta básica de alimentos y el cerco a Carlo y Flávio Bolsonaro, concejal de Río y senador, respectivamente, por haber desviado durante más de diez años dinero público de sus empleados parlamentarios, generando supuesto lavado de dinero por más de 2 millones de dólares, según la fiscalía.
En el discurso que Bolsonaro puso este lunes en las redes sociales, afirma que «la libertad está por encima de la propia vida».
La semana pasada, defendió que la población compre fusiles porque «un pueblo armado no puede ser esclavizado», en una señal a sus seguidores, sobre todo a los clubes de tiro y al lobby bélico.
Policías de San Pablo y otros estados están convocando a participar de las manifestaciones, y allí radica el principal peligro de enfrentamientos.El principal lema e los bolsonaristas será «Eu Autorizo» («Yo autorizo»), que es un pedido para que Bolsonaro envié al Ejército a la máxima corte, algo que se arrastra desde el inicio de la pandemia y que es motivo de pedidos de juicio político contra el jefe del Estado.
El interrogante es saber si las Fuerzas Armadas participarán del evento, que es privado, ya que se han suspendido las celebraciones militares oficiales del 7 de Setiembre a causa de la pandemia.
El gobierno cívico-militar de Brasil (hay más militares en cargos estatales, unos 6.000, que con el último dictador, Joao Baptista Figueiredo) estará bajo un momento único de tensión.Parte del establishment ha bajado su apoyo al gobierno, entre ellos los principales bancos privados y el agronegocio exportador.
La Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB), la conferencia episcopal, condenó el llamado a manifestación y el uso de armamento en la población civil.
Desde el mercado financiero que apoyó a Bolsonaro en el balotaje de 2018 suenan las alarmas. «Un autogolpe ya no es más un delirio paranoico», dijo Gustavo Franco, extitular del Banco Central administrador de la gestora de fondos de inversión Rio Bravo.
La oposición de izquierda aparece dividida sobre hacer manifestaciones, porque serán menores que las oficialistas.Sin embargo, habrá sí respaldo al tradicional Grito de los Excluidos de todo 7 de septiembre del Movimiento Sin Tierra, para reclamar la distribución de la riqueza.
A 199 años del grito de la independencia en Brasil, todos los fantasmas del golpe giran en torno a Brasil, que fue sede este fin de semana de la internacional conservadora organizada por el diputado Eduardo Bolsonaro, en la cual participó y convocó a combatir «el totalitarismo» nada menos que el hijo de Trump.La foto de la invasión al Capitolio le quita el sueño a gran parte de Brasil.
Fuente: Télam
